Paralelamente a las cosas que he estado escribiendo en este blog, he desarrollado una investigación sobre las concesiones de obra pública, que se ha materializado en una memoria de grado, que, espero, me dará pronto el título de Abogado. Dicha investigación está en su etapa de revisión final por el profesor corrector, lo que me abre algunas puertas para bloguear sobre algunos temas interesantísimos, que desarrollaremos profusamente en posts venideros. Dejaremos de lado las disquisiciones teóricas ─que, no obstante, serán tratadas en otro espacio y de otra forma─ para ir directamente al grano.
- ¿Cuál es la ley que rige al órgano encargado del manejo del sistema de concesiones en Chile, encargado de la administración de contratos por un valor de varios miles de millones de dólares? Ninguna. Si bien la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece cuál es el procedimiento y define órganos estatales que cumplen algunas funciones menos importantes, como el Consejo de Concesiones, no dice nada acerca del órgano que se encarga de preparar las bases de licitación, emplear a los inspectores fiscales y ordenar el aparato concesionador estatal: la Coordinación de Concesiones de Obras Públicas. Relataremos todo sobre la estructura de este singular organismo, incluyendo información que tuvo que ser conseguida mediante solicitud de información pública, en violación directa de la Ley de Transparencia.
- ¿Por qué se instauró el superávit estructural ─esa norma por la cual el Estado de Chile debe gastar un 1% menos de lo que recauda─? ¿Sabe usted por qué? Si le dijeron que fue porque Chile necesitaba más solidez económica, o una posición fiscal más sólida, le mintieron. Era para financiar los gastos originados por las concesiones, que no se sabía de cuánto iban a ser por cada año calendario. ¿Y cómo Chile no va a tener idea de cuánto dinero gasta en las concesiones? El segundo punto es escalofriante, y tiene que ver con la mentira de la contabilidad de las concesiones. Afírmense; esta es información corroborada por la Contraloría General de la República y que pone un manto de duda sobre la fiabilidad de la contabilidad de las operaciones del Estado. Justo cuando se destapó el escándalo de La Polar ─gracias a un amigo, correligionario y compañero de mil y una batallas, Andrés Sepúlveda─.
- ¿Son públicos los contratos de concesión? Si, pero están en chino. ¿Por qué es tan necesario que estén en chino mandarín? ¿Y por qué no pudieron ser revisados por la ciudadanía, ni mucho menos explicados, si es que estaban en chino mandarín? Se viene un extenso artículo sobre la participación ciudadana en las concesiones, sobre por qué algunos no la quieren, y sobre lo que sucede cuando, aunque sea mediante espías, finalmente se produce una participación ciudadana significativa.


