He aquí la foto de la discordia.

¿Qué nos dice la superposición? Y, sobre todo, ¿qué nos dicen los números manipulados versus los reales? Recordemos que los números reales están en nítido, y los manipulados en borroso.

1. Según el gráfico manipulado, la brecha educacional entre los colegios municipales y particulares subvencionados era de 153 puntos el 2011, para aumentar a 172.4 puntos en 2012. Los números reales, en tanto, nos dicen que la brecha es de 157.1 puntos, sin cambios atribuibles a las movilizaciones. Cabe destacar que la cifra en nítido aún dice 172.4, pero si restamos 452,9 (promedio de puntajes de las escuelas municipales) de 610 (promedio de las escuelas privadas) da 157.1. 
2. Según el gráfico manipulado, todos los promedios de puntajes bajaron producto de las movilizaciones. Sin embargo, quienes más bajan son los colegios municipales, que se desploman la friolera de 36 puntos desde el base de 452,9 puntos de este año, a 416,6 Por supuesto, nada de eso hay en el gráfico real.
3. El gráfico manipulado muestra un descenso de todos los puntajes promedio PSU producto de las movilizaciones de 2011. Los puntajes de los colegios particulares subvencionados bajan de los reales 489.2 a mentirosos 464.4 puntos, mientras que los particulares descienden de 610 a 585 puntos, una baja de 25 puntos que tampoco existe.

Esto demuestra que si alguien tiene la culpa de los descensos de los puntajes PSU, o del aumento de la brecha educacional, definitivamente no es ni Camila Vallejo, ni Giorgio Jackson, ni mucho menos Camilo Ballesteros. Patético. Todo esto, vía La Tercera.

El ñú, símbolo de la filosofía del Software Libre.

El Software Libre, para mí, representa la fusión perfecta de la tecnología con el Derecho Público. Lamentablemente, es visto en Chile como una materia propia de la ingeniería en informática, pero tiene implicancias jurídicas que son desconocidas a simple vista. Hablar de Software Libre es hablar, antes del tratamiento estatal que se le dé, de cómo ciertos programadores abandonan la idea de trabajar en empresas con ánimo de lucro y se lanzan, en aras de lograr la libertad del conocimiento, a desarrollar programas que puedan ser distribuidos libremente, que puedan ser estudiados libremente, que puedan ser modificados libremente y, por supuesto, que puedan correr libremente, para los usos que quien los usa y no quien lo programa defina.

Las personas han exigido a quienes se encargan de programar Software Libre estándares éticos similares a los que se les exigen a los Estados, estándares que son tomados y autoexigidos por sus propios programadores. El Software Libre no es eficiente porque esté en un mercado competitivo, donde si no es eficiente perecerá; lo es porque quienes lo programan quieren que sea eficiente para lograr estándares de excelencia técnica que conduzca a su reconocimiento, por pasión pura, o simplemente, por el hecho de sentirse parte de una comunidad que debe derrotar la idea misma de empresa productora de programas computacionales. Como se ve, la analogía con el principio de eficiencia de la Administración del Estado salta a la vista.

Lo mismo ocurre con el principio de probidad, el principio de transparencia ─que en los programas de Software Libre es absoluta, esto es, todo, desde el código fuente, pasando por las discusiones de los programadores, hasta los correos electrónicos que se mandan a sus listas internas, es público─, y otros principios de menor importancia. No ocurre lo mismo con aquellos principios que son consustanciales a las burocracias como formas de organización (por ejemplo, el principio de jerarquía o el de coordinación), pero hay suficientes principios públicos reconocidos por las comunidades e integrados como valores, como para decir que estamos ante un próximo nacimiento de un nuevo Derecho Público. De hecho, muchas de las falencias de los proyectos de Software Libre son atribuibles a la no adopción de algunos de estos principios, en la medida de lo posible.

Lo más bello de esto es que, a diferencia de las clásicas discusiones sobre el origen del Derecho Público, el Software Libre tiene un clarísimo origen jurídico; los contratos de licencia, otorgados por sus autores, y que reconocen su fuente jurídica en el derecho de autor. La construcción de un sistema protojurídico, con valores claros, definidos y, que, si bien no son exigibles directamente por una autoridad ─he ahí lo de protojurídico─ son exigibles de forma difusa por una comunidad, va a ser la base de la renovación del Derecho Público. No en vano al lado de Richard Stallman, quizá el símbolo más reconocible de esta filosofía, siempre estuvo Eben Moglen, profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Columbia. Como decíamos: la fusión perfecta entre la tecnología y el Derecho.

¿Por qué toda esta introducción?

He terminado mi memoria, sobre un tema absolutamente no relacionado (El principio de control administrativo en el contrato de concesión de obra pública), y estoy esperando su revisión. Una vez ella se concrete, a este blog comenzarán a llegar los subproductos generados de dicho trabajo ─demasiados─, que de seguro darán que hablar. Sin embargo, antes de comenzar a hablar de lo sustantivo de mi memoria, es necesario detenerme un segundo para mostrar cómo ella fue elaborada.

La elaboración de la memoria partió de una constatación técnica poco agradable: Word se funde a partir de la página 130. Cuando uno sobrepasa ese límite de páginas escritas, el formato se comienza a perder y surgen una serie de problemas que impiden trabajar cómodamente en un documento largo, como una memoria de título. Por eso, era necesario buscar otras soluciones.

LibreOffice era mi opción número uno, pero LibreOffice aún no tiene todas las características de Word 2010. Y una de las carencias más importantes que tiene respecto de Microsoft Word es precisamente la falta de gestión bibliográfica. Es imposible hacer una memoria con 100 fuentes si uno debe encargarse de la bibliografía manualmente. Por lo tanto, debí buscar otras opciones. Y aposté por la más difícil para una persona que no viene del mundo de la informática, o de la investigación científica: LaTeX.

LaTeX es un sistema construido sobre los principios del Software Libre, si bien es tremendamente complejo de utilizar, puesto que es casi un lenguaje de programación. Por lo tanto, necesitaba una forma de hacer más fácil su uso, y la respuesta fue LyX. Ese programa fue la clave.

Captura de mi escritorio.

LyX me permitió concentrarme en lo que estaba haciendo, en vez de en cómo lo estaba haciendo. Siempre me ocultaba el formato, para hacerme escribir sin que tuviera que preocuparme de cosas como los márgenes, el espacio entre las líneas, las líneas huérfanas, viudas, los pies de página o la portada. Las 420 páginas de mi tesis no fueron problema para LyX, que siempre anduvo como la seda, con un consumo de recursos mínimo. Y lo mejor: LyX genera PDFs con árboles de estructura e hipervínculos, que son la delicia de los profesores revisores cuando es hora de contrastar fuentes.

Todo lo que nombré no sólo es Software Libre, sino que corrió bajo una base de Software Libre, el sistema operativo GNU/Linux, en su edición “Chakra“. Que de aquí se puede descargar por si desean probarla.

¡Pruébelo usted también!

Esta forma de construir una tesis es compleja, pero da buenos y seguros resultados. Para lograrlos, se necesita:

1. Instalar LyX. Si bien lo recomiendo funcionando en Linux, también se puede instalar en Windows y Mac OS X.
2. Instalar el paquete genérico para “tesis de la Universidad de Chile”, hecho por Sebastián Kreft. Esto se puede obtener aquí.
3. Instalar la plantilla LyX para tesis. Esta plantilla también fue hecha por Sebastián Kreft, aunque le hice muchísimos ajustes. Bájela aquí.

1. Borić dice que “no seremos el comando juvenil de Michelle Bachelet”. La prensa no dijo que eso era en parte debido a que en 2009, La SURda acordó ser el comando juvenil de Marco Enríquez-Ominami. No se puede despotricar de origen contra la Concertación, apoyar a quien se supone la va a romper y luego, apoyar a Bachelet tras unos cuantos años; luce impresentable. La SURda, para que se sepa, es el nombre que tomó el partido político que trataron de fundar los autonomistas, con impresentables ─también─ resultados.
2. ¿Qué pasó con la cobertura de la suerte de la Centro Derecha Universitaria y los gremialistas? Nada. El único medio que cubrió ─correctamente─ la situación fue La Segunda, quien habló acerca de que ellos estaban como el perro y el gato y que no iban a unirse jamás. Si yo estuviera en La Moneda me preocuparía; el hecho de que la UDI y RN no sean capaces de unirse ni siquiera para una elección de federación es grave. Más aún cuando la Universidad de Chile es el semillero principal de los mejores dirigentes de Renovación Nacional. Y más todavía cuando si sumamos los votos de la CDU (703) con los votos gremialistas (962) nos da 1.665 votos, suficientes para haberle quitado la Secretaría Ejecutiva a los autonomistas y haber condenado a los comunistas a integrar sólo a Camila Vallejo en la mesa.
3. ¿Qué pasó con el rebranding de la DCU para tratar de emular a NAU de la FEUC? Nada. El experimento “NACE” nació muerto, sacó menos votos que la Centro Derecha Universitaria y únicamente sirvió para demostrar que los niveles de credibilidad de la DC están por los suelos. Especialmente si clamas estar por encima de las componendas políticas de la Concertación para luego llevar a Manuel Frei (¿les suena el apellido?) como tu Consejero FECh en Derecho. El experimento sirvió para comprobar que, tal como una lista de la FECh (Crecer) no es capaz de cuajar en la FEUC, las listas FEUC no funcionan en la FECh.
4. ¿Qué pasó con nuestros correligionarios radicales? Nada. Felicitamos desde aquí a Juan Carlos Sharp por haber sido electo como Consejero FECh para este periodo, pero él lo será como parte de Actuar Colectivo, ya no más como parte de un grupo conectado al Partido Radical. ¿Razón? Pugnas internas entre el Grupo Universitario Radical de la Universidad de Chile y el Partido Radical que terminaron en la escisión. Esperamos que ella ayude para construir un radicalismo desconectado de las cúpulas coludidas y conectado con los movimientos sociales, que es lo que todos esperamos.

El nuevo presidente de la FECh, Gabriel Borić. ¿Será tan ultra?

Como el rating aún no nos acompaña, a lo mejor esto no lo leerá nadie. Sin embargo, me preocupa esa imagen que se ha instalado en los medios, de que el nuevo presidente de la FECh, Gabriel Borić Font, es un ultraizquierdista. No es así.

Es cierto que el marxismo autonomista, corriente ideológica a la que adscribe en teoría Borić, ha estado históricamente ligado con el ultrismo. En los años 60 y 70 los autonomistas italianos estuvieron ligados con grupos anaruistas y comunistas, los que llevaron adelante brutales ejemplos de ultrismo de izquierda que, entre otras cosas, acabaron con la vida de Aldo Moro, un poderoso líder de la Democracia Cristiana italiana y quien fuera Primer Ministro de Italia antes de su secuestro y asesinato. Sin embargo, la postura de Borić Font tiene ninguna relación con aquello.

El autonomismo en la Universidad de Chile ha planteado como principal bandera de lucha desde hace un buen tiempo la no asociación con el sistema político y la construcción de movimientos políticos que, propulsados desde las organizaciones sociales, lleguen al poder.   Este discurso, que suena tan ultra, ha venido sonando desde hace unos 10 años por lo menos en la Universidad de Chile, sin que sus líderes políticos hayan logrado nada de lo que se propusieron fuera de las aulas.

Cuando realmente lo intentaron, que fue cuando se constituyó el partido político conocido como “La SURda“, obtuvieron resultados patéticos en las elecciones nacionales, regionales y comunales. Por eso una parte de los autonomistas, fuera de la Universidad, que son quienes creen en el autonomismo como principio, están en las organizaciones sociales, armando poder paralelo, sin que eso tenga una incidencia concreta en el sistema político en el corto o mediano plazo. La otra parte, simplemente se ha integrado a las jerarquías, primero del PS y del PPD, y ahora, del PRO, un partido que es singularmente atractivo para estas personas.

A esto hay que sumarle la extracción social de muchas de los autonomistas. Buena parte de ellos, como el mismo Borić Font, son derechamente de clase alta. ¿Cree usted, con alguna pretensión de seriedad, que alguien que vive en La Reina Alta y que ha sido beneficiado por el modelo neoliberal, luchará con armas para destruirlo? Yo no.

Borić Font, por ende, no es ultra, ni se parece siquiera a un ultra. Si se me pregunta dónde pondría a Borić en el mapa político nacional, yo respondo: a la izquierda del PRO y a la derecha del Partido Comunista. Y es muy probable que, por un asunto de historia personal, Borić termine como Cristóbal Bellolio. Si yo fuera el gobierno, no me preocuparía por la FECh; está en mejores manos para el gobierno que en las de Camila Vallejo.

Sorpresa Nº 1: este es un proyecto de fortalecimiento de la educación estatal.

La primera sorpresa con que nos encontramos es que este proyecto hace algo que no habían hecho, ni la LOCE, ni la LGE, ni el Decreto con Fuerza de Ley 1-3063 del Ministerio de Hacienda: declara a los cuatro vientos que la educación pública debe ser estatal, en su preámbulo. Podemos anotar este como el triunfo más grande del movimiento estudiantil hasta la fecha, y no estamos exagerando. Veamos por qué.

1. El DFL 1-3063 del Ministerio de Hacienda, una norma no muy conocida, es el fundamento mediante el cual se le traspasaron a las municipalidades los colegios que antes eran gestionados por el Ministerio de Educación Pública. Este DFL establece que las municipalidades, para gestionar las escuelas, pueden “constituir, conforme a las normas del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, con organizaciones de la comuna, interesadas en los servicios referidos, una o más personas jurídicas de derecho privado, o podrán entregar dicha administración y operación a personas jurídicas de derecho privado que no persigan fines de lucro“.
2. El proyecto, en cambio, dice en su artículo 2º que “las agencias serán personas jurídicas de derecho público, autónomas y con patrimonio propio, cuyo objeto social único será la educación y cuyo ámbito de competencia será el territorio de una comuna o agrupación de comunas“.
3. El artículo sexto transitorio del proyecto dice: “Cuando corresponda, el servicio educativo administrado por las Corporaciones de Derecho Privado que administran establecimientos educacionales conforme a lo establecido en el decreto con fuerza de ley No. 1-3063, de Interior, de 1980 [sí, la norma que ya citamos] existentes a la fecha de
   publicación de esta ley deberá ser traspasado a las agencias de acuerdo a lo establecido en el artículo primero, segundo, tercero, cuarto y quinto transitorios de esta ley“. Obviamente, el cambio de régimen jurídico y sus efectos son omitidos olímpicamente por la ley.

Si yo fuera un abogado de Corporación Municipal, me iría a los contratos mediante los cuales se transfirió la gestión de cada colegio a la municipalidad y estaría atento, ya que, dependiendo del convenio, la municipalidad podría tener derecho a indemnizaciones. Pero lo más importante es que se da al tacho de la basura con el carácter de corporación de derecho privado de la corporación educacional. Esto, en los hechos, es un avance hacia la creación de un sistema de educación pública, el que, jurídicamente, había sido abolido con el sistema del régimen militar. Jurídicamente, pasaremos de un sistema puramente privado a un sistema mixto, con todo lo que eso significa.

Estas gemas del proyecto sólo refuerzan lo anterior.

Artículo 25. Las agencias públicas de educación local se regirán por las normas sobre administración financiera del Estado.

Artículo 26. Las agencias serán fiscalizadas por la Contraloría General de la República, de acuerdo con su ley orgánica constitucional, sin perjuicio de las facultades generales de fiscalización interna que correspondan al consejo directivo y a las atribuciones de la Superintendencia de Educación.

¿Estamos leyendo bien? Por supuesto que sí. De una fiscalización sin dientes, que tiene que ver únicamente con la inversión de las subvenciones, vamos a ver un aumento del poder de la Contraloría, y lo que es más importante, la posibilidad cierta de que la Superintendencia de Educación pueda decir mucho respecto de los colegios públicos. O sea sí, este proyecto parte bien. Incluso, si soñamos un poco, podríamos sujetar las asignaciones presupuestarias al cumplimiento de planes de educación nacional, cumplimiento que ya no sería vigilado por la Contraloría, sino que por la DIPRES. ¿Estamos soñando? No.

Sorpresa Nº2: ¡Tenemos control, ciudadanos!

Por primera vez contemplamos que las Agencias Públicas de Educación Local tienen control. Estas agencias tienen a su cargo la planificación completa de la gestión educacional, planificación cuya confección puede ser exigida por los ciudadanos. Esto tiene como correlato la posibilidad del director del establecimiento de desvincular a los profesores evaluados en el tercio inferior de la evaluación. Si bien esto va a ser resistido por el Colegio de Profesores, es necesario. Los directores necesitan tener poder, y la carrera funcionaria necesita de estos mecanismos.

Si bien podría ser una buena idea emular el mecanismo de listas del Estatuto Administrativo o del Poder Judicial, también es necesario que el director de un establecimiento público necesita el poder para seleccionar a su equipo. Este poder, si bien aquí es incompleto, por lo menos mejora la situación existente. Sin embargo, vamos a necesitar de un sistema anexo de perfeccionamiento de los profesores mal evaluados para que este sistema funcione, y esta parte de la ley no puede ser aprobada sin ese sistema. Si no, vamos a agudizar los problemas que tenemos: que los profesores buenos trabajen en colegios particulares y que los malos pueblen los colegios municipales.

Sin embargo, es un avance respecto de la situación existente. Por lo menos los ciudadanos tendremos la forma de vigilar que estos planes se elaboren, se conozcan y, además, tendremos un representante en el consejo directivo de estas Agencias Públicas de Educación Local.  Por lo tanto, hay mucho más control que antes. Esto es un avance.

No-sorpresa: el proyecto no evita la privatización del sistema educacional, y hasta la facilita.

Sorprendentemente, el hecho de que ahora la gestión de colegios sea definida como una función de derecho público hace posible la privatización de los sistemas educacionales, que antes estaban privatizados, pero sin lucro. No; el proyecto permite que estatizando, reprivaticemos, pero ahora con lucro. ¿Cómo? Vayamos al artículo 6º del proyecto.

Artículo 6°. Para el cumplimiento de sus funciones la agencia podrá celebrar convenios con las municipalidades o con otros órganos de la administración del Estado sin alterar las atribuciones y funciones que le corresponden a las agencias.

Asimismo, las municipalidades podrán realizar aportes para que las agencias cumplan las funciones que le son propias. Dichos aportes no estarán sujetos al tope establecido en el artículo 5°, letra g) de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Antes de este proyecto, el enredo jurídico que se le armaba al Estado si quería privatizar era tremendo. Se tenían colegios cedidos por el Ministerio de Educación a las municipalidades en comodato, convenios MINEDUC-municipalidades para la prestación perpetua del servicio educacional, y una serie de figuras jurídicas que también dependían de si existía o no Corporación Municipal en la comuna. Todo esto aderezado con la creencia de que en Chile aún había un sistema de educación pública, y con jueces que, legítimamente, fallaban en contra de los municipios pensando que ellos realmente tenían la obligación de prestar el servicio educacional en condiciones de igualdad y no discriminación. La tesis del profesor Ruiz-Tagle, que tiene mucho de política, pero, lamentablemente, nada de sustancia jurídica.

Ahora, en cambio, la cosa está clara. Se ignoran por completo los problemas patrimoniales que puedan aquejar a los terrenos sobre los cuales están edificados los colegios, y se establece que son las Agencias Públicas de Educación Local los entes que tienen la posibilidad de celebrar convenios con las municipalidades o (atención) con otros órganos de la Administración del Estado. Órganos de la Administración central del Estado. ¿Pero no habíamos hablado de privatizar con lucro?

Presten atención al artículo 39 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas.

Artículo 39°. Para los efectos de esta ley, se entenderá por obra pública fiscal a cualquier bien inmueble construido, reparado o conservado a cambio de la concesión temporal de su explotación o sobre bienes nacionales de uso público o fiscales destinados a desarrollar áreas de servicio.

El Ministerio de Obras Públicas es competente para otorgar en concesión toda obra pública, salvo el caso en que tales obras estén entregadas a la competencia de otro Ministerio, servicio público, Municipio o empresa pública u otro organismo integrante de la administración del Estado. En estos casos, dichos entes públicos podrán delegar mediante convenio de mandato suscrito con el Ministerio de Obras Públicas, la entrega en concesión de tales obras bajo su competencia, para que éste entregue su concesión, regida por esta ley. En estos casos se entenderá incluido en dicho convenio la totalidad del estatuto jurídico de concesiones de Obras Públicas, esto es, tanto el procedimiento de licitación, adjudicación y la ejecución, conservación y explotación como las facultades, derechos y obligaciones que emanan de la ley.

En las obras que se otorguen en concesión en virtud de esta ley se podrá incluir, conjunta o separadamente, la concesión del uso del subsuelo y de los derechos de construcción en el espacio sobre los bienes nacionales de uso público o fiscales destinados a ellas. Igualmente, el Ministerio podrá sujetar a concesión o vender dichos derechos estableciendo su conexión física y accesos con la o las obras que se licitan o se encuentran previamente concesionadas.

¿Ven? Si sacamos a los políticos, ponemos técnicos, diluimos las responsabilidades políticas, unificamos la responsabilidad sobre la gestión y juntamos los ordenamientos jurídicos con una decisión por privatizar la educación, tenemos que la privatización de las escuelas se hace posible. El artículo 13 del proyecto establece que todas las decisiones se tomarán por mayoría simple, y el gobierno, en todos los consejos, tendrá por lo menos dos consejeros (uno nombrado por el Intendente y otro, funcionario del MINEDUC nombrado por la SEREMI correspondiente). Basta la anuencia del alcalde, o, si no se tiene su voto, el acuerdo del representante de los directores de los colegios, para que la Agencia celebre un convenio con el MOP, sobre bases de licitación a confeccionar por el propio MOP, para que una empresa concesionaria administre no tan sólo los servicios de alimentación de los colegios, sino que los colegios mismos.

Con eso, desaparecen una serie de trabas jurídicas para la concesión de los colegios y la amenaza de privatización con lucro no está conjurada. Sin embargo, dudo mucho que haya inversionistas deseosos de participar en una licitación con los colegios tomados y con las movilizaciones que ha habido hasta ahora.

La desactualización penosa de mi blog no es algo que vaya a excusar. Sin embargo, mucha agua ha pasado bajo el puente, y no he perdido el tiempo. Me he dedicado a afinar mi análisis jurídico, a perfeccionar mis herramientas, a leer mucha doctrina jurídico administrativa, y, sobre todo, a comprometerme con la idea de la Reforma del Estado. Es por eso que vuelvo, más recargado que nunca, a la carga.

Mi antiguo sitio, http://ernestomanriquez.wordpress.com, quedará inoperativo pronto, pero no sin antes traspasar lo mejor de ese sitio. No la defensa al PRSD, partido que, tristemente está mostrando su obsolescencia y su incapacidad de correr con los tiempos, sino que los fundamentos en contra del lucro en la educación, por una educación pública, de calidad y gratuita, como deben tener los estudiantes en todo el mundo. No creo que las personas sean bienes de consumo, tampoco creo que las compañías de seguros deban gobernarnos, o que debamos cambiar el sistema democrático por un gobierno corporativo. Lamentablemente para muchos, sigo creyendo en la democracia, y creo que es posible una gestión eficiente por parte del Estado.

La memoria y la titulación se han terminado para mí, y han entrado en un compás de espera que no depende ya de mi esfuerzo. Es hora, por ende, de empezar de nuevo, de cero, y en un nuevo lugar.

El cambio de dominio también significa que acepto cooperaciones, las que serán publicadas respetando la autoría original.

Por ende, lo vamos a mover aquí. Vamos a actualizar y a mover todo lo que podamos del antiguo blog.

Estas entradas, además, van dedicadas a dos personas, Andrés Sepúlveda y Branislav Marelić, ambos ex-correligionarios del Grupo Universitario Radical de la Universidad de Chile, quienes han hecho más daño al sistema neoliberal que todas las protestas estudiantiles juntas. Para ellos un enorme saludo.